Lejos de resolver los problemas de manejo de archivos y abonar a una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como a la construcción de la memoria histórica de México, la iniciativa de Ley General de Archivos pone en riesgo nuestro acceso a la información.

Mariana Campos (@mariana_c_v), Esther Ongay (@Eongay) y Alejandro García (@myosus) / Animal Político

A casi tres años de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, y a casi dos de la aprobación de la Ley General que la regula, el asunto de la transparencia no se termina de resolver. Tampoco está a salvo.

Resulta que la transparencia solamente se puede materializar cuando los documentos públicos existen y se mantienen disponibles al público. Sin documentación, las obligaciones de transparencia no tienen en qué ejercerse. Para que haya rendición de cuentas, es necesario que existan los archivos y los expedientes y que su manejo no esté a merced de decisiones políticas del régimen en turno. Por lo tanto, se necesita una buena política de archivos. En ese contexto, la Ley General de Archivos es un complemento fundamental del marco normativo en materia de transparencia.

Sin embargo, lejos de resolver los problemas de manejo de archivos y abonar a una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como a la construcción de la memoria histórica de México, la iniciativa de Ley General de Archivos que se presentó en el Senado de la República el pasado 17 de noviembre pone en riesgo nuestro acceso a la información.

La iniciativa presentada reconoce varios de los problemas hoy presentes en la gestión de archivos. Señala que el manejo de los documentos de la administración pública se deteriora continuamente debido a la falta de profesionalismo en la gestión documental, la escasez de personal capacitado, la insuficiencia de presupuesto, y la precariedad de las instalaciones, entre otros problemas[1].

Sin embargo, la misma iniciativa no resuelve varios de estos problemas, y en cambio incluye puntos que pueden mantener o incluso generar más deficiencias.

De ser aprobada esta iniciativa en sus términos actuales, el principal aspecto que genera preocupación es que la historia y, por ende, la rendición de cuentas quedarían en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y, más específicamente, de la dirección del Archivo General de la Nación (AGN) designada por el Presidente de la República. Es decir, permanecerán sin independencia y vulnerables a conveniencias políticas.

El otorgar la política pública archivística a la Segob es mantener vinculada esta política al control político del Ejecutivo. Esto implica someter los nuevos y esperanzadores Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción a ese control. En ese contexto, los hechos históricos que resulten comprometedores para el gobierno federal y los gobiernos locales podrán ser censurados de la historia colectiva mexicana.

Consideramos necesario que el Consejo Nacional de Archivos, que es el conjunto de personas que tienen la atribución aprobar, difundir y emitir recomendaciones de las normas relativas a expedientes y archivos, sea independiente del gobierno, presidido por profesionales en la materia, es decir, personas especializadas en gestión documental, archivos e historia. De manera similar, el Archivo General de la Nación (AGN) debe ser liderado por una figura que no esté inmersa en un sólo sector, sino que tenga una mirada transversal, para promover su correcto funcionamiento. No existe alguna razón técnica para que la Segob sea quien presida el Consejo y el Sistema Nacional de Archivos.

Debe aprovecharse esta oportunidad para fortalecer el proceso de nombramiento del titular de la dirección del AGN, para que dicho proceso sea público, objetivo y transparente. Debe evitarse que esta designación dependa del Presidente de la República. Además, debe asegurarse que contará con plena capacidad técnica y presupuestal para desarrollar la lista de facultades que se le otorga en el nuevo marco legal.

Debe señalarse que en el presupuesto de 2017 se observó una restricción al financiamiento del AGN, que puede afectar negativamente su operación. Para 2017[2], se aprobó un recorte de 8.3 por ciento real (5 millones 941 mil pesos) con respecto al presupuesto de 2016.

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Los archivos históricos son fuentes de acceso público y por esta razón ninguna información dentro de la documentación allí mantenida debe reservarse ni clasificarse como confidencial, ni reservada.

Preocupa que se podrá limitar el acceso a archivos que no estén previamente depurados. De acuerdo con lo dispuesto en el transitorio décimo cuarto de la iniciativa[3], puede restringirse el acceso a los archivos federales en proceso de depuración. Además los archivos no depurados en dos años a nivel federal y en tres años a nivel estatal podrán ser destruidos. Cabe señalar que la tarea de depuración de archivos se vislumbra titánica. Funcionarios que no necesariamente cuentan con las capacidades ni la especialización en materia archivística requeridas deberán revisar todos los documentos que se ubican en sus archivos históricos y decidir cuáles tienen valor histórico. Posteriormente se destruirán los archivos que se considera que no tienen valor y al resto lo transferirán de regreso al archivo de concentración. De esta manera se abre la posibilidad de una depuración del archivo histórico.

La Ley General de Archivos que se discute el Senado es determinante para hacer efectivos el derecho de acceso a la información pública y a la verdad. Lamentablemente, la iniciativa apunta en el sentido opuesto.

* Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Esther Ongay es investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE. Alejandro García es investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es Licenciado en Economía por el ITAM.

[1] Iniciativa de Ley General de Archivos, páginas de la 7 a la 9.

[2] El dato para 2017 se tomó del PPEF, ya que la Secretaria de Hacienda no ha otorgado información detallada a nivel de programa presupuestario en el PEF 2017.

[3] Artículo transitorio décimo cuarto de iniciativa de Ley General de Archivos:

A aquellos documentos que no hayan sido organizados y valorados y que fueron transferidos a un archivo histórico antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se les deberá aplicar los procesos técnicos archivísticos antes mencionados, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la información.

De conformidad con lo anterior, los documentos que, a partir de la valoración y organización, sean determinados como históricos en términos de la ley.

En tanto no concluyan los procesos técnicos archivísticos señalados en el párrafo anterior, el acceso a los mismos procederá de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

La Federación contará con un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley para el cumplimiento de este transitorio. Las entidades federativas contarán con un plazo no mayor a tres años.