Antecedentes

El pasado 25 de octubre el Senado de la República emitió la convocatoria para designar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con Hechos de Corrupción. En la convocatoria de mérito, con fundamento en los transitorios de la reforma Constitucional del 10 de febrero de 2014, se determinó que la Cámara alta nombrará, por única vez, al Fiscal especial por las dos terceras partes de sus miembros presentes, para lo cual se solicitaría la opinión de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

El primero de noviembre, dicha Comisión declinó la propuesta del Senado para emitir opiniones sobre los perfiles debido a que, por mandato legal, la misma se creó con el único fin de participar en la designación de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Sin embargo, este no es el único mecanismo en el cual se pueden considerar opiniones técnicas. La Fiscalía Especial es una de las piezas clave del Sistema Nacional Anticorrupción. Quien encabece esta instancia tendrá la enorme responsabilidad de investigar casos de corrupción que sean tipificados como delito. Por ello, su autonomía política, sus capacidades y el conocimiento en materia penal son de fundamental relevancia.  La inclusión de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en el proceso de selección del fiscal, puede coadyuvar a fortalecer la democracia y a dotar al proceso de selección de la legitimidad que este nombramiento requiere. Ejercicios similares de participación abierta y plural se han realizado con éxito en esa instancia legislativa, tanto en el proceso de designación de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como en el mecanismo previsto para la conformación del Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

El lunes 14 de noviembre, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado anunció su intención de considerar nuevos mecanismos para incluirla: “es muy importante la participación de los ciudadanos en este proceso y queremos definir con mucha claridad cómo pueden intervenir” declaró al periódico Reforma.

Propuesta

Por lo anterior, proponemos a las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana que consideren la inclusión de un Comité Técnico de Acompañamiento en el proceso de designación del Fiscal Especial Anticorrupción, que coadyuve a realizar una valoración independiente de los 32 candidatos concursantes, en función de criterios claros y públicos. La valoración permitirá a los legisladores contar con mayores elementos sobre la idoneidad de los perfiles.

A fin de que sea viable que el Senado contemple la creación del Comité Técnico de Acompañamiento, proponemos que la instancia de referencia cuente con las siguientes atribuciones:  

  1. Que el Consejo se integre por expertos miembros de la academia o la sociedad civil organizada.
  2. Establecer sus reglas internas de funcionamiento.
  3. Definir una metodología y criterios claros y públicos para la valoración de los candidatos. Una batería de criterios para realizar la valoración de los expedientes y otra para la valoración de su desempeño en las comparecencias públicas.
  4. Llevar a cabo la valoración de los candidatos en dos etapas. La primera en las comparecencias públicas que celebra el Senado, la segunda mediante la revisión de expedientes que presentan los candidatos.
  5. Presentar reactivos en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y derechos humanos para que se incluyan en la urna transparente que acompañará a las comparecencias.
  6. En función de la valoración de los expedientes y de las comparecencias públicas, proponer al Senado una lista de candidatos idóneos para ocupar el puesto.

Cabe destacar que la designación del Fiscal Especial es toral para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pues en él recaerá la investigación de los actos de corrupción de competencia federal y determinar la existencia de responsabilidades a servidores públicos y particulares. Es por ello que debe ser una figura verdaderamente autónoma, independiente, imparcial, ajena a cualquier conflicto de interés, e implacable contra la corrupción, contar con un Comité Técnico de Acompañamiento en este proceso es clave para dotar de legitimidad y confianza no solo al proceso de designación, sino al nuevo Fiscal y a la institución en su conjunto.