En un momento particularmente delicado de la movilización de una parte del magisterio en contra de la reforma educativa, un juez alzó la mano para recordarnos que la ley no se negocia. Con la autoridad que le confiere su puesto y el órgano del Estado al que representa, ordenó a la Secretaría de Gobernación cancelar los acuerdos pactados con la disidencia magisterial en ese intento intermitente e infructuoso por desmovilizarlos.

El juez Martín Santos Pérez concluyó en su sentencia que la ley no permite excepciones porque, de haberlas, se afectaría el derecho humano a la educación de niños y jóvenes mexicanos. Y eso es justamente lo que el Ejecutivo federal ofrece a este grupo del magisterio disidente para aplacarlo: excepciones a la ley. El gobierno federal parece atrapado en un juego circular: por un lado, promueve una reforma educativa que busca desmantelar los privilegios que obsequió a estos grupos a través de los años. Por el otro, ofrece matizar algunos aspectos de la ley para hacerlos digeribles a este grupo disidente. La sentencia del juez debería cambiar esta dinámica. La autoridades tendrán que buscar canicas de otra bolsa porque negociar con la ley ya no debe ser opción. Esto no va a desmovilizar a los maestros pero sí cambia el tablero en el que ambas partes juegan su partida.

La sentencia del juez tiene implicaciones muy positivas porque hace operar mecanismos de contrapesos que pocas veces funciona en el sistema de gobierno. En este caso en particular, fue la demanda de juicio de amparo interpuesta por Mexicanos Primero lo que detonó el proceso que ahora concluye en una de sus fases. Con un fallo a favor del derecho de niños y jóvenes mexicanos a la educación y el llamado a la autoridad federal para que se ciña a lo que establece la Constitución y diversas leyes educativas.

En 2011, cuando se aprobaron las reformas en materia de derechos humanos y de amparo quizá no alcanzamos a calibrar que éstos serían instrumentos muy potentes para limitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder. El litigio estratégico en materia de derechos humanos ofrece una ruta institucional efectiva para comenzar a definir los contornos de actuación de la autoridad, los límites que no puede traspasar. Habrá que ver cuál es su implicación práctica.

Existen varios juicios de amparo en marcha que conozco de cerca. El de un grupo de poblanos que ha entablado una demanda contra el gobierno de aquel estado por el uso de mecanismos de financiamiento que no son reconocidos como deuda cuando de hecho lo son. La resolución en este caso tendrá importantes implicaciones en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera.

Otro caso, todavía más cercano, pues México Evalúa es una de las organizaciones participantes, es la demanda contra la Cámara de Diputados por lo que consideramos fue una extralimitación de sus facultades en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 2016. Ya habrá oportunidad de abordar este caso con más detalle. Sirva comentar que los diputados crearon nuevos conceptos de gasto en un ramo particularmente opaco, cuando esa atribución no está definida en la Constitución. Acudimos a la justicia federal, para que sea un órgano jurisdiccional, idealmente la Suprema Corte, la que defina qué le corresponde a quién en materia presupuestal y se conserve la necesaria división de poderes.

En lo educativo, en lo financiero y presupuestal, como en tantos otros ámbitos, se cruzan los límites que la ley establece sin el mayor pudor. Aplaudo desde ahora a jueces, magistrados y ministros que asumen su función en nuestra democracia. Y a aquellos que con responsabilidad utilizan el arsenal legal disponible para proteger los derechos fundamentales. Será paso a pasito como logremos que en este país finalmente impere la ley.