Ciudad de México, 17 de julio de 2016.- El Consejo Coordinador Empresarial reconoce la importancia de la resolución por la que el Poder Judicial declara inconstitucionales los acuerdos entre la Secretaría de Gobernación, autoridades de Oaxaca y la CNTE entre los años 2013 y 2015, por afectar de manera sistemática el derecho humano a la educación.

El Poder Judicial, y en concreto el Juez Tercero en materia administrativa, actuó de manera responsable al emitir esta resolución que pone la ley por encima de cualquier acuerdo que se contraponga a la misma. El amparo confirma que dentro de un Estado de Derecho no pueden convalidarse actuaciones que favorecen a un sector, creando un régimen de excepción sin justificación constitucional válida, en detrimento del derecho de los niños y jóvenes a la educación.

El sector privado mexicano saluda con beneplácito la resolución del juez toda vez que ratifica la autonomía que debe existir entre los poderes de la Unión en nuestro país, como requisito básico para la vigencia del Estado de Derecho, la inversión y la sana convivencia de los mexicanos.

Confiamos en que el diálogo que mantengan la Secretaría de Gobernación y la CNTE sea con total apego a la legalidad, como dispone la sentencia.

Reiteramos nuestra exigencia de que durante el proceso de negociación no se vulneren los derechos humanos de las personas a través de bloqueos, vandalismo, saqueos y actos de violencia inaceptables que siguen afectando los a los ciudadanos y dañando profundamente la economía de las regiones. No podemos conformarnos con aperturas parciales: la libre circulación debe ser total, y las autoridades deben cumplir con su mandato de garantizar este derecho.

Resulta muy grave también que algunas autoridades municipales estén impidiendo el libre tránsito de mercancías, en franco desacato a la Constitución y contrario a su deber de promover el cumplimiento de los legítimos derechos de los miles de micro y pequeños empresarios y ciudadanos de Oaxaca y demás estados vecinos.

Exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, y a las autoridades correspondientes a investigar y sancionar los delitos contra la dignidad, vida y patrimonio de las personas que se han generado en este proceso.

En el país tiene que imperar el Estado de Derecho, pues sólo así lograremos mayor crecimiento y bienestar para todos.