Comunicado 2016/04

Piden OSCs mexicanas transparentar contratos y acreditación de centros penitenciarios

7 de abril 2016

  • OSCs mexicanas, entre ellas México Evalúa, interceden en favor de los derechos de las personas privadas de la libertad, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  • Transparencia contribuirá a reducir corrupción en el sistema penitenciario y garantizar el respeto a los derechos humanos.
  • Opacidad en cifras del sistema penitenciario en México, coincide el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Washington, D.C. Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mexicanas, intercedieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Su argumento se enfocó en la necesidad de transparentar y revisar los contratos de Asociación Público Privada (APP) utilizados para la prestación de servicios penitenciarios en México, así como la importancia de tener mayor información sobre el proceso de acreditación de las cárceles del país, por parte de la American Correctional Association (ACA).

De esta manera, argumentan las OSCs, se podrán reducir los casos de corrupción en la construcción y operación de los centros penitenciarios en el país y garantizar que se respeten los derechos humanos de los internos.

En particular, solicitaron a la Comisión la realización de un informe temático sobre el impacto de la privatización y acreditación en los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, tanto en México como en América Latina, así como dar curso a la solicitud de medidas cautelares presentadas ante la CIDH, en febrero del año pasado, con relación al traslado de mujeres internas al CEFERESO No.16.

Asimismo, solicitaron al Estado mexicano, tomar acciones para transparentar y revisar los contratos públicos de APP y de acreditación existentes en el sistema penitenciario, así como investigar los casos de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y garantizar la supervisión independiente por parte de las organizaciones de la sociedad civil en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, entre otros aspectos.

La intervención –que se dio en el marco del 157 periodo ordinario de sesiones de la CIDH– estuvo a cargo de Ana Aguilar, Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.; María Sirvent Coordinadora Institucional de Documenta A.C.; e Iliana Galilea Cariño Cepeda, Directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ellas estuvieron acompañadas de un familiar de una persona privada de la libertad en México, y miembro de la organización Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, quien dio un recuento sobre su experiencia frente al sistema penitenciario mexicano.

Además de hablar por sus organizaciones, las luchadoras sociales iban en representación de otras OSCs responsables de la promoción del tema ante la Comisión, entre las que destacan: México Evalúa; y Fundación para el Debido Proceso.

Durante su intervención, Ana Aguilar argumentó que “la promoción y adopción de [modelos de privatización y acreditación], lejos de ajustarse a una política pública con perspectiva de Derechos Humanos y sustentada en diagnósticos confiables basados en evidencia, se han convertido en acciones poco transparentes”. Añadió que “los modelos de privatización y acreditación son costosos económica y socialmente, promueven la corrupción y la falta de transparencia, pero sobre todo, no contribuyen a la construcción de un sistema penitenciario justo.”

Por su parte, María Sirvent señaló que “Lo que interesa y se debe dar a conocer, son las condiciones de contratación, los lineamientos que deben respetar las empresas en la construcción y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.” Continuó diciendo que “la clasificación de la información relacionada con la construcción y operación de los centros penitenciarios, como reservada, favorece la opacidad de las contrataciones”.

Finalmente, Iliana Galilea Cariño Cepeda afirmó que los centros certificados por la ACA muestran deficiencias, tratos indignos hacia los internos, autogobierno y corrupción, de acuerdo con información recabada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por medio del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

En representación del Estado mexicano se encontraba Eduardo Guerrero Durán, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, quien afirmó el compromiso ineludible que tiene el gobierno con el respeto a los derechos humanos

Durante su intervención destacó las ventajas que obtuvo el país con la consolidación de los contratos de prestación de servicios (CPS), entre las que se encuentran: “contar con infraestructura para atender la sobrepoblación de los centros locales que albergan internos del fuero federal y de alto riesgo institucional; contribuir a la creación de mejores condiciones de vida y salvaguardar sus derechos, [así como] concentrar a la autoridad penitenciaria en

sus funciones sustantivas”. Finalmente, invitó a las organizaciones de la sociedad civil a que

conozcan desde dentro el sistema penitenciario para observar los avances obtenidos.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, quien también afirmó no haber encontrado en México la transparencia necesaria en cifras, como serían las del gasto en la materia, y la publicidad en los lineamientos de la ACA, lo cual sería de gran utilidad para llevar a cabo una evaluación de la eficacia y apego a los Derechos Humanos en el manejo del sistema penal.

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