Ciudad de México, 11 de febrero de 2016

 

  • Las condiciones de ingobernabilidad que permitieron los enfrentamientos en el penal de Topo Chico son similares a las que existen en muchas cárceles del país.
  • México Evalúa llama a las autoridades federales y estatales a hacerse responsables por las deficiencias del sistema penitenciario.
  • La organización demanda al Congreso aprobar una Ley Nacional de Ejecución Penal que mejore las condiciones de gobernabilidad de las cárceles en México.

 

El motín de Topo Chico, que cobró la vida de al menos 49 internos la noche del miércoles, debe servir de señal de alarma sobre la situación crítica del sistema penitenciario en México. Por ello, México Evalúa hace un llamado a las autoridades tanto federales como estatales para que se responsabilicen por las deficiencias identificadas desde hace años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en sus penales.

 

Adicionalmente, demandamos al Congreso que apruebe sin más dilación el anteproyecto de dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lleva congelado más de un año en el Senado, y que tiene el potencial de mejorar las condiciones de gobernadibilidad de los centros penitenciarios, garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los internos.

 

Resulta preocupante que las alertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a las serias vulnerabilidades en la seguridad en la cárcel de Topo Chico hayan sido sistemanticamente ignoradas por las autoridades estatales de Nuevo León.

 

Desde hace al menos un lustro, Topo Chico, que concentra la mitad de la población penitenciario del estado, presenta debilidades estructurales en condiciones clave como su gobernabilidad (con una calificación en 2014 de 4.44 en una escala de 0 a 10, donde 0 refleja las peores condiciones), las garantías que ofrecen para la integridad física y moral de los internos (4.74) o su estancia digna (5.34). De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por la CNDH, la cárcel de Topo Chico constituía un claro foco rojo: el personal de seguridad y custodia era insuficiente (calificación de cero), los internos podían ejercer violencia o control sobre el resto de la población (calificación de cero) y se encontraron sustancias y objetos prohibidos (calificación de 1.63). En resumen, las autoridades no tenían control sobre lo que ocurría al interior del centro ya que la calificación relativa al control de seguridad fue de 2.19.

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Esta evaluación demuestra que las autoridades no logran cumplir con su mandato constitucional de garantizar que las cárceles sean espacios dignos y seguros.

 

Las condiciones que detonaron el motín en Topo Chico son similares a las que subsisten en la mayoría de los centros de privación de la libertad del país. Difícilmente lograremos pacificar las cárceles mexicanas si en ellas permitimos que la propia autoridad cometa delitos y si permitimos espacios de autogobierno y corrupción.

 

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