SOLICITUD DE AUDIENCIAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EXPERTAS Y EXPERTOS SOBRE LAS ELECCIONES EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

HONORABLES SENADORES Y SENADORAS DE LA REPÚBLICA

MESA DIRECTIVA

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

COMISIÓN DE JUSTICIA PRESENTE

Las organizaciones de la sociedad civil, que suscribimos la presente, nos dirigimos al Senado de la República con la intención de solicitar una audiencia pública sobre las futuras elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), institución que dejará vacante dos lugares el 30 de noviembre de este año. Como organizaciones, ciudadanos y ciudadanas, manifestamos nuestra profunda preocupación e interés en el proceso de determinación de la terna de los candidatos, la evaluación y el nombramiento de ministros de la corte máxima en México

Un poder judicial independiente e imparcial es fundamental para la vida democrática de un país. Nos preocupa que el Ejecutivo tenga un papel preponderante en el mecanismo de selección de ministros de la SCJN, porque afecta los contrapesos y la separación de poderes, pilares fundamentales de un Estado Democrático de Derecho y que, si bien el mandato Constitucional parece claro a primera lectura, es necesario abrir un debate sobre su interpretación. En este contexto, el Senado de la República tiene la oportunidad de equilibrar este proceso, promoviendo debates públicos, respetuosos y fundamentados en criterios objetivos con actores que conocen el sistema judicial en México y que tienen mucho que aportar a las carencias señaladas en reiteradas ocasiones.

Hemos observado con preocupación que el proceso de nombramiento de ministros de la Corte en México se realiza sin la suficiente y necesaria transparencia y sin la crucial participación de la sociedad lo cual resulta profundamente negativo para la independencia de este máximo tribunal. El sistema de nombramiento actual no incentiva la designación de personas que satisfagan los requisitos de imparcialidad, probidad, independencia y profesionalismo. Además tampoco se toma en cuenta la trayectoria ética y democrática de las y los candidatos, ni se proponen personas con incuestionable conocimiento en temas cruciales como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tan relevante de cara a la reciente reforma constitucional de 2011.

Profundamente preocupados por el Estado de Derecho en México, hemos abogado por que la máxima institución de justicia en el país, sea integrada solamente por las y los profesionales más capaces, íntegros e idóneos. Abogamos por que quienes ocuparán el cargo de ministros no sean militantes activos de los partidos políticos, por candidatos o candidatas libres de conflictos de interés evidentes y de ninguna forma vinculados de acciones que presuman violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La única manera para garantizar este resultado es a través de procedimientos de selección públicos, transparentes y participativos, basados en una rigurosa evaluación del perfil de los postulantes y trayectoria de quienes se postulan, tal como lo especifican estándares internacionales establecidos por el Sistema de Naciones Unidas1 , así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.2 Así mismo, tal como lo ha recomendado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de Ayotzinapa, “se debe establecer un proceso de selección y nombramiento de ministros que (…) incentive que se designen las personas que satisfagan los requisitos de imparcialidad e independencia”. 1

Es por ello, que en virtud de lo anterior, por su intermedio hacemos una respetuosa solicitud para que el Senado de la República abra un espacio público para debatir estos criterios, considerar la posibilidad de incorporar mejores prácticas y estándares internacionales en el proceso de la próxima elección, desde antes de la conformación de la terna de los candidatos hasta el nombramiento de los Ministros para proteger y fortalecer la independencia e imparcialidad del poder judicial. Tomando en cuenta la premura del proceso le proponemos como fecha tentativa que dicha audiencia sea el viernes 6 de Noviembre de este año en el recinto del Senado de la República.

Por parte de las organizaciones de la sociedad civil firmantes, consideraremos hacerles llegar una lista de posibles oradores para fomentar un debate de calidad, abierto e imparcial, para tener elecciones justas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cordialmente

Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica
Comisión Mesoamericana de Juristas
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
México Evalúa
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

____________________________________________1 Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 2 CIDH, “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas”, 2013. 3 GIEI, “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusions de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, 2015, p. 359. Disponibleen: http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv