México Evalúa condena el uso recurrente de la tortura, las detenciones ilegales, la incomunicación y la obstaculización del derecho a la defensa en nuestro país en un contexto de impunidad, como lo documenta el informe presentado el pasado 9 de marzo por el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.

En efecto, entre 2005 y 2013, sólo hubo cinco sentencias condenatorias por tortura en México, de acuerdo con el informe que el relator realizó tras su visita al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.[1]

Pese al cuestionamiento del informe del relator especial por parte de algunas autoridades, México Evalúa estima que las conclusiones del relator son correctas. Así lo soportan los datos estadísticos publicados por el INEGI, los estudios de instituciones académicas como el CIDE, la información recabada por las comisiones de derechos hu- manos del país, el trabajo de investigación de décadas de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al respeto de los derechos humanos, las recomendaciones emitidas por el Comité de Desaparición Forzada en febrero de 2015, las del Examen Periódico Universal de 2013, y las del Comité Contra la Tortura en 2012[2]. “En nuestro país, la actuación ilegal de algunas autoridades que pertenecen a las fuerzas armadas, a los cuerpos de policía y a las procuradurías es una práctica cotidiana”, declaró al respecto Layda Negrete, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

México Evalúa está desarrollando una propuesta de indicadores de la calidad de la justicia penal que permita medir los avances del país en esta materia de forma sistemática. Este proyecto se lleva a cabo en el contexto del proceso de deinición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como objetivos post- 2015, que darán continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)[3] y serán objeto de una vota- ción por la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre próximo. Al respecto, celebramos que el

gobierno mexicano apoye la inclusión de la justicia dentro de estos objetivos[4] y aplaudimos que reconozca que la fortaleza del Estado de Derecho es un aspecto fundamental para el desarrollo.

En este marco, es indispensable la generación de metodologías para medir la calidad de la justicia, así como el avance en las metas y objetivos señalados. “En la discusión sobre la justicia en general, y sobre la incidencia de tortura en particular, necesitamos más y mejor información. Esperamos un debate con datos y no sólo con opi- niones”, expresó Layda Negrete.

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[1] Ver: “Report of the Special Rapporteur on torture- Mission to Mexico (A/HRC/28/68/Add.3) Disponible en: http://www.ohchr.org/ EN/countries/LACRegion/Pages/MXIndex.aspx

[2]     http://cmdpdh.org/2015/03/tortura-generalizada-e-impunidad-en-mexico-informe-del-relator-especial-de-naciones-unidas/

[3] Ver Objetivo 16 de A/68/970.

[4] Actualmente, la propuesta en discusión incluye como objetivo 16 “promover sociedades pacíicas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eicaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.