México, D.F., a 26 de agosto de 2014

En 27 de 32 entidades federativas, más del 10 por ciento de la nómina docente-administrativa de educación básica presenta irregularidades.

Oaxaca destaca porque registra los mayores porcentajes de docentes y administrativos que rechazaron contestar el Censo, mientras que Chiapas lidera en su proporción de aviadores.

 Yucatán tiene la mayor proporción de comisionados, Morelos el mayor porcentaje de plazas que se mantienen pese a pertenecer a jubilados, renunciados y fallecidos, y Querétaro la mayor proporción de docentes que laboran en una escuela distinta a la que fueron asignados.

Cuando ya van cuatro meses de la publicación de los resultados del Censo educativo, es lamentable que las autoridades no hayan corregido las anomalías en la nómina docente-administrativa que este ejercicio permitió detectar, declaró hoy Edna Jaime, Directora General de México Evalúa, durante la presentación del estudio Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal.

“En 27 de 32 entidades federativas, más del 10 por ciento de la nómina docente-administrativa de educación básica presenta algún tipo de irregularidad”, destacó Marco Fernández, investigador asociado del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa y autor del estudio, que se presentó en presencia de Claudio X. González, Presidente de Mexicanos Primero, y Carlos Elizondo Mayer-Sierra, Profesor visitante en el Tecnológico de Monterrey y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Marco Fernández, quien también se desempeña como profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, detalló las irregularidades detectadas.

Existen 30 mil 695 comisionados o personas con licencia de las que la autoridad aún no ha informado si gozan o no de sueldo. Yucatán es el peor estado en esta materia, ya que el 5.27 por ciento del total de su nómina se encuentra en esta situación.

Además, el Censo demostró que algunos estados cometieron errores en el reporte del número de comisionados, que, por Ley, están obligados a enviar cada año a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El estado que presenta una mayor diferencia entre los datos del Censo y los que reportó en 2013 es Tamaulipas, con un diferencial del 56 mil 100 por ciento, pues había reportado solamente dos comisionados cuando el Censo detectó que eran 1 mil 124.

Se detectaron también 39 mil 222 “aviadores”. Chiapas destaca en este rubro, con el 9.44 por ciento de su nómina que es desconocido en su centro de trabajo.

Por otra parte, 114 mil 998 personas mantienen una plaza docente-administrativa, pese a haberse jubilado, haber renunciado e incluso haber fallecido. El estado campeón en esta categoría es Morelos, con el 8.42 por ciento de su nómina en esta situación.

También se encontraron 113 mil 259 personas que laboran en una escuela distinta a la cual fueron asignadas. Querétaro presenta las peores irregularidades en la materia, con el 13.52 por ciento de su nómina que trabaja en este contexto.

Sin embargo, es posible que el panorama sea todavía más desalentador, señaló Marco Fernández, si se consideran otras situaciones que también podrían constituir anomalías.

De acuerdo con el Censo, 23 mil 540 personas laboran en tres o más distintos centros de trabajo. Colima es el estado donde se da el mayor número de este tipo de casos, con 5.54 por ciento de su nómina en esta situación.

Por otro lado, 36 mil 046 individuos recibieron los formularios del INEGI pero se negaron a contestarlos. Oaxaca tiene los peores resultados en este rubro, ya que el 61.46 por ciento de los censados en la entidad rechazó proporcionar la información requerida.

Se estima que otros 158 mil 565 profesores y administrativos no fueron censados, porque laboran en planteles que se rehusaron a recibir el personal que levantó el Censo. En Chiapas, donde esta situación se presentó con mayor frecuencia, el 41 por ciento de las escuelas rechazó ser censado, por lo que las anomalías en esta entidad podrían ser aún peores.

Además, de 98 mil 576 plazas no se pudo obtener información porque quienes las poseen estuvieron ausentes cuando se levantó el Censo. Nayarit encabeza los estados con la mayor concentración de ausentes, ya que el 9.74 por ciento de su nómina no fue censado debido a que estaba ausente.

En total, la autoridad no tiene información sobre el 15.7 por ciento de las plazas en educación básica, sin que hasta el momento haya señalado cómo solventará estas omisiones informativas.

Finalmente, Marco Fernández recuerda que el Censo detectó 426 escuelas fantasma, sin que hasta ahora la autoridad haya informado si destinó presupuestos a estos planteles y qué plazas supuestamente estaban asignadas a dichas escuelas. El estado donde se detectó el mayor número de estas escuelas es Durango, con 148.

Las deficiencias en la infraestructura de los planteles reveladas por el Censo son otro elemento de preocupación, señaló el investigador. En este ámbito, Chiapas lidera en su proporción de escuelas sin agua corriente (59.9 por ciento), con techo inadecuado (57.9 por ciento), con piso de tierra (12.7 por ciento) o con paredes frágiles (6.8 por ciento), mientras que Oaxaca registra el mayor porcentaje de escuelas sin drenaje (82.4 por ciento).

Parte de estas deficiencias podrían ser atendidas si las autoridades dejaran de realizar los pagos indebidos correspondientes a las anomalías detectadas, las cuales representan un costo al erario que oscila entre los 16 mil millones de pesos y los 51 mil millones de pesos, destacó Marco Fernández.

“Hace una semana, el Presidente anunció un programa de 7 mil 500 millones de pesos para corregir problemas estructurales en 20 mil escuelas”, agregó. “Esta cantidad podría por lo menos duplicarse si las autoridades terminaran con las anomalías en la nómina magisterial y administrativa de educación básica”.

A nivel nacional, bajo el escenario más optimista, los 16 mil millones de pesos equivalen al 4.2 por ciento del gasto total público que se destina a educación básica. A nivel estatal, el caso más preocupante es Yucatán, donde las irregularidades que ascienden a por lo menos 8.96 por ciento de su presupuesto público a educación básica.

“La autoridad federal es la que debe poner el ejemplo”, subrayó el investigador. “En los servicios educativos de la ciudad de México bajo su administración, las irregularidades ascienden a 1 mil 800 millones de pesos, y hasta ahora la SEP no ha explicado las medidas para corregir estos problemas”.

Por su parte, Edna Jaime hizo un llamado a la autoridad para que publique la información completa que el Censo educativo recogió. “La Secretaría de Educación Pública debe dar a conocer la base completa del Censo educativo, identificar a los individuos que recaen en cada una de las anomalías enumeradas, precisar quiénes de ellos han recibido un salario e informar sobre las medidas específicas que se están tomado para corregir estos pagos indebidos”, puntualizó.

Puede consultar el documento Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal en: http://bit.ly/DispendioEducativo

Puede consultar la presentación PowerPoint de presentación del documento en: http://bit.ly/PresentacionDispendioEducativo

Puede consultar un mapa interactivo con datos desagregados por estado en:

http://bit.ly/MapaDispendioEducativo

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