Si queremos combatir la corrupción, debe modificarse la minuta del Senado sobre la Reforma

México, D.F., a 20 de marzo de 2014

-Para que el órgano anticorrupción sea efectivo, se requiere un enfoque sistémico.

-El nuevo órgano anticorrupción debe tener la facultad de establecer sanciones administrativas contra funcionarios que cometan actos de corrupción a nivel nacional, estatal y municipal.
– Se debe precisar en la legislación secundaria los procedimientos para nombrar los integrantes del Consejo Consultivo del órgano, así como sus atribuciones y facultades.
– En el “Si realmente es prioridad el combate a la corrupción en el país, se deben corrigen varios aspectos de la minuta de la Reforma anticorrupción que envió el Senado a la Cámara de Diputados”, declaró ayer Marco Fernández, Director de Investigación de México Evalúa, durante el Foro “Combate a la Corrupción: Reto del Congreso de la Unión” organizado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Marco Fernández detalló algunos de los cambios que considera necesarios para que la Reforma tenga efectos en lucha contra la corrupción.

El Director de Investigación de la organización estimó necesario ampliar la definición del concepto de corrupción para que sean responsables penalmente no solamente los funcionarios públicos sino también las empresas y particulares que estén involucrados en actos de corrupción. Por otra parte, sugirió que se amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de 5 a 15 años para que inclusive después de un cambio de gobierno sea posible investigar actos de corrupción y aplicar las sanciones respectivas.

La minuta aprobada por el senado contempla que el nuevo Órgano Anticorrupción no estará limitado por el secreto fiscal, bancario y fiduciario, recordó Marco Fernández, quien sugirió a los legisladores incluir también la no restricción por el secreto bursátil, ya que muchas de las ganancias mal habidas por actos de corrupción se lavan en la bolsa.

 Tomando en cuenta que la minuta prevé la creación de un Órgano Anticorrupción, Marco Fernández expresó su beneplácito a la creación de un mecanismo institucional que permita que éste conozca de casos de corrupción en estados y municipios, pero señaló la importancia de precisar con claridad el mecanismo de atracción correspondiente para hacer efectiva esta capacidad.

El Director de Investigación de la organización también consideró fundamental que el Órgano Anticorrupción tenga la facultad de establecer sanciones administrativas contra funcionarios públicos que cometan actos de corrupción no solamente a nivel nacional, sino también estatal y municipal.

Además, Marco Fernández señaló que la investigación patrimonial de los funcionarios debe dejar de ser facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para pasar a depender del Órgano Anticorrupción. En el mismo sentido, pidió que sea este último y no Hacienda quien decida sobre los procesos de inconformidad en las licitaciones y compras públicas.

Estimó que si bien es adecuada la creación de un Consejo Consultivo del Órgano Anticorrupción, se deberán precisar en la legislación secundaria los procedimientos para nombrar a sus integrantes, así como sus atribuciones y facultades.

Marco Fernández también alertó del inconveniente de que los titulares de las unidades de auditoría preventiva sean nombrados por los titulares de las dependencias públicas federales. “No es suficiente el argumento de que no harán labores de investigación de la corrupción, ya que su trabajo resulta un insumo muy importante para los trabajos de combate a la corrupción que hará el órgano anticorrupción”, explicó. “¿Por qué no dejar que el órgano anticorrupción nombre a los titulares de unidades de auditoría preventiva, en lugar de que solamente los ratifique?”.

Finalmente, sobre el actual monopolio de acción penal que tiene la Procuraduría General de la República, el Director de Investigación declaró entender los posibles riesgos de romperlo, pero comentó que, si no se opta por esta vía, se deberán crear mecanismos que garanticen que las autoridades con capacidad de acción penal den seguimiento a los expedientes que el Órgano Anticorrupción les presente en materia de funcionarios y particulares involucrados en actos de corrupción y, de no ser el caso, contemplar las sanciones respectivas.

“Es fundamental un enfoque sistémico para que el órgano anticorrupción sea realmente efectivo, en el que también se contemplen no sólo mecanismos punitivos, sino preventivos en contra de la corrupción”, concluyó.

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