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Hacia un México en paz


Por: José F. Tapia Esta es la última frase de las palabras del Presidente Peña en la segunda reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el pasado lunes 17. De hecho la palabra más reiterada en el evento fue precisamente paz. Seguida por responsabilidad y tranquilidad, el término violencia sólo se cita en tres ocasiones hablando de su reducción mientras que las palabras crimen y delincuentes fueron grandes ausentes. Vaya cambio de discurso. Cuando menos en lo escrito, es un gran primer avance. Dejando la semántica, pasemos al contenido de la reunión. Fue una alocución corta pero sustanciosa en la cual se definieron seis ejes de una nueva política de Estado por la seguridad y justicia. Pero ¿cuál es el alcance de los seis puntos que delineó el Presidente ante el CNSP? y, ¿son éstos adecuados y suficientes para atender el problema que vivimos? En primer término se habló sobre trabajo con planeación. A diferencia de la anterior administración, esta gestión propone enfocarse en atender puntualmente los tres delitos de más graves: homicidio, secuestro y extorsión. Avanzar en esto no improvisando, sino utilizando una estrategia que se enfoque en la reducción de los delitos, plantearía una estrategia que ofrezca resultados. La segunda directriz se refiere a la prevención, un área que también la anterior administración dejó de lado. Por ejemplo, los recursos más visibles encaminados a esta tarea fueron mínimos tanto en la Procuraduría General de la República como en Secretaría de Gobernación. Ahora se han anunciado recursos por 115 mil 625 millones de pesos, equivalentes al gasto conjunto del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 para Segob, la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que aun cuando no son recursos frescos, la agrupación propuesta bajo este enfoque es significativa. Como tercer eje, se menciona la protección y respecto a los derechos humanos. Tal como lo promueven naciones en conflicto y donde son cuestionadas las instituciones, el gobierno actual busca poner en marcha un programa nacional de derechos humanos bajo un enfoque que retoma demandas que han sido externadas por la sociedad civil. Hablamos de mejorar y de definir protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, la generación de una base de datos de desaparecidos y reestructurar el Instituto Nacional de Migración. Un cuarto apartado nos habla de las acciones de coordinación. Buena parte de la ineficiencia e ineficacia del anterior programa de seguridad tenia que ver precisamente con esta falta de entendimiento entre diversas instancias y organismos gubernamentales en sus distintos niveles y ordenes de gobierno. Este sin duda es un gran reto: poner de acuerdo a los responsables de las áreas de seguridad y justicia no ha sido fácil, o mejor dicho, no ha sido posible hasta ahora. Por ello, se plantea segmentar el problema en cinco regiones, donde cada una debe de forma conjunta responder por los resultados de sus acciones. La quinta línea tiene que ver con la transformación institucional que busca un profundo cambio en la forma de operar en los ámbitos policial y de procuración de justicia. Para atender lo primero se propone la creación de la Gendarmería Nacional, así como unidades especializadas para combatir la extorsión y el secuestro. Para lo segundo, se plantea una reestructura de fondo a la PGR y que ésta sea la encargada de acelerar la implementación del nuevo sistema de justicia penal en los estados. Un pendiente significativo que tiene gran rezago, considerando que sólo cinco estados han avanzado de forma decisiva la implementación obligatoria al 2016. La aproximación a este cambio institucional se muestra sólida en el sentido de que es un planteamiento que recupera el espíritu de lo que establecen los Artículos 20 y 21 Constitucionales, donde se formaliza el entramado vinculante inequívoco de los ámbitos de justicia penal y seguridad pública: lo uno siempre junto con lo otro, nunca separados. ¿Y qué hay de las evaluaciones de resultados? Bien, éstas se incluyen en una sexta y última línea de acción. Algo que quizá sea tan obvio no lo ha sido por bastante tiempo, ya que tradicionalmente cada instancia del sistema de seguridad y justicia penal ha reportado tan sólo lo que considera importante, que rara vez coincide con presentar resultados relevantes. Pero parece que ahora hay un serio compromiso a utilizar sistemas de monitoreo y evaluación que servirán para observar desempeño y para hacer ajustes a aquellas políticas que no están funcionando. Por fin, se plantea utilizar estos sistemas para lo que sirven, es decir, mejorar las políticas y sus resultados. De cualquier forma, falta detallar cómo se plantea hacer todos estos ajustes. Vemos ahora que, nuevamente, a cambio de importantes recursos los gobernadores se han comprometido a mostrar avances en la contención de delitos graves, la conformación de mejores cuerpos de policías y consolidar el nuevo sistema penal acusatorio. Mas allá de los recursos, ¿qué fue lo que ahora convenció a los responsables hacerse cargo de sus problemáticas locales?, no es claro. Con las debidas reservas bienvenido el esquema si se observan avances importantes. En esta reunión extraordinaria y por cuestiones de tiempo, no se discutió de forma extensa la incorporación de ciudadanos como observadores al CNSP. Esperamos ver a estos ciudadanos representándonos en esa mesa del CNSP en la primera reunión de 2013. Solo así estaremos ciertos que la apertura a la representación ciudadana democrática para construir la paz va más allá del discurso. Así que reservo mi optimismo hasta ver reportes y avances en las siguientes reuniones del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los que se evidencie el avance en cada una de esas seis directrices y sea claro quienes incumplen sus compromisos. Nosotros, desde aquí, también haremos nuestro seguimiento para corroborar los avances hacia un México de paz y tranquilidad. * José F. Tapia es Director de Estrategia y Desarrollo Institucional
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